TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECIDE EL FUTURO DE MARTIN VIZCARRA

Peso en la balanza. Fue clave para que el tribunal no se declare en sesión permanente, y también lo será para definir si debaten antes del viernes la ponencia de la magistrada Marianella Ledesma sobre la contienda competencial y la medida cautelar.

El magistrado Manuel Miranda tendrá la última palabra sobre la celeridad con que el Tribunal Constitucional (TC) verá la contienda de competencia que presentó el Ejecutivo en torno a la vacancia por incapacidad moral permanente y la medida cautelar para evitar que el Congreso debata el viernes la salida del presidente Martín Vizcarra.

Si bien la decisión de plantear mañana un proyecto de resolución depende de la juez ponente y presidenta del TC, Marianella Ledesma, Miranda podría bloquear el debate si se suma a los votos de Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón, quienes −según ha trascendido− optarán por patear el tema hasta después del Pleno del Parlamento.

Ya lo hizo ayer, cuando los apoyó en la decisión de negarse a declarar el TC en sesión permanente a fin de centrarse en los recursos presentados por el Ejecutivo.

Fuentes del máximo ente constitucional señalan que, hasta la semana pasada, Miranda estaba en el grupo de los que opinaban que era importante pronunciarse sin dilación para evitar hechos consumados.

Pero tuvo un gran cambio en la sesión de ayer, al señalar que se debería tomar un tiempo prudencial para ver el tema, e incluso deslizando la idea de que se vea después del próximo martes 22, en que se tiene previsto debatir una ponencia de Blume sobre la prescripción de tributos. Esto implicaría patear la admisibilidad de la demanda competencial, y por ende de la cautelar, como mínimo para la próxima semana.

Algunos sospechan que esta repentina transformación habría estado infl uenciada por el hecho de que en este momento el Legislativo tiene una comisión especial para elegir a los reemplazos de los magistradosdel TC con mandato vencido, uno de los cuales es Miranda. Uno, incluso, deslizó la posibilidad de que con esta postura podría permanecer más tiempo en el tribunal.

Definitivamente su voto es clave, pues si el Pleno declara fundada la medida cautelar, el proceso se paraliza hasta que el TC emita su sentencia sobre la demanda competencial, lo que requeriría varios meses, tomando en cuenta el procedimiento y plazos establecidos. Recordemos que luego de admitirla, el TC debe comunicar al Congreso, el que tiene un plazo de 30 días hábiles para responder, luego de lo cual se fi ja audiencia pública.

En cualquiera de los casos, si se admite o rechaza la demanda, se requieren cuatro votos y no cinco, que es solo para admitir una demanda de inconstitucionalidad y expedir una sentencia de inconstitucionalidad, que no es este caso.

(La república)